Derechos consumidor en periodo de alerta sanitaria

Se explican los derechos del consumidor, en cuanto a la compra de productos o prestación de servicios, durante el periodo de alerta sanitaria.

CONTRATOS CON LOS CONSUMIDORES

Tanto en lo que se refiere a contratos de compra de productos como de prestación de servicios, si durante el estado de alarma las limitaciones impuestas en este periodo impidieran el cumplimiento de dichos contratos, el consumidor o consumidora tiene derecho a resolver el contrato. El plazo para comunicar esta decisión al vendedor o prestador es hasta 14 días después del fin del estado de alarma y sus prórrogas.

La empresa, no obstante, puede proponer soluciones alternativas para alcanzar un acuerdo (entrega del producto o ejecución del servicio en un momento posterior al acordado, entrega de vales, etc.) El plazo de negociación de esas soluciones alternativas es de 60 días, de forma que si no se ha alcanzado un acuerdo en ese tiempo, la empresa deberá, entonces sí, devolver el importe pagado.

El caso de los contratos de tracto sucesivo:

En este tipo de contratos se encuadran, por ejemplo, gimnasios, academias, colegios mayores o residencias de estudiantes. Son servicios que se prestan a lo largo de un tiempo más o menos dilatado, y se abonan mediante cuotas, normalmente mensuales. Para ellos, se prevé la posibilidad de que la empresa ofrezca soluciones como la recuperación posterior de los servicios no prestados, y solo si el consumidor no puede o no desea esa recuperación se le devolverá el importe ya pagado que corresponde al periodo de servicio no prestado, o siempre que el cliente lo acepte, se descontará ese importe de las cuotas futuras por ese servicio.

En cualquier caso, mientras el servicio no pueda prestarse normalmente, la empresa no podrá cobrar nuevas mensualidades o cuotas.

VIAJES COMBINADOS

En caso de suspensión de un viaje combinado (cuando contratamos más de un servicio, por ejemplo, el viaje y el alojamiento) con motivo de la actual situación de emergencia sanitaria por COVID-19, el consumidor debe reclamar a la agencia de viajes la cancelación del contrato. La agencia, o la empresa organizadora del viaje, puede ofrecer un bono con un plazo de validez de un año desde el final del estado de alarma. Aceptado el bono, si ese periodo de validez transcurre sin que aquel se haya usado, el consumidor puede pedir el reembolso de todo el importe abonado.

Si el cliente decide no aceptar el bono y exige la devolución del dinero, el organizador o, en su caso, el minorista, deberá devolver todos los pagos recibidos, siempre que los prestadores de los servicios que componen el contrato (hoteles, compañías de transporte, organizadores de excursiones, etc.) hayan devuelto a su vez a la empresa el importe total de los servicios. Si solo algunos de los prestadores han realizado dicho reembolso, o la devolución ha sido parcial, el organizador o minorista entregará al cliente el importe efectivamente recibido, pero podrá entregar un bono por la cuantía que no se les haya devuelto a ellos.

Los reembolsos al consumidor deberán realizarse en un plazo máximo de 60 días desde la resolución del contrato, o desde la fecha en que los proveedores de servicios devolvieron el importe correspondiente a los mismos.