Antes de firmar un contrato, de electricidad, de teléfono, de Internet, de seguros, etc. debo leer detenidamente las condiciones y comprobar que se corresponden con las ofrecidas por el comercial.
Todos los productos nuevos tienen, al menos, dos años de garantía. En los de segunda mano la garantía mínima es de un año.
No es conveniente cancelar o activar contratos por vía telefónica, ya que no obtenemos resguardo de la operación realizada.
El Servicio Universal de las Telecomunicaciones garantiza la prestación del servicio telefónico a todos los usuarios que lo soliciten en un plazo máximo de 60 días naturales. Al haber sobrepasado el plazo máximo, la compañía deberá compensar automáticamente al usuario eximiendo el pago de un número de cuotas de abono equivalentes al número de meses o fracción en que se haya superado dicho plazo. En este caso serían hasta ahora dos meses.
Debe utilizarse una vía que permita tener prueba de haber comunicado mi deseo de causar baja y que la empresa lo ha recibido. Así, la vía más recomendable, aunque no es precisamente económica, es el burofax certificado con acuse de recibo.
El precio venta al público (P.V.P.) de los artículos en venta, estará expuesto de forma clara y debe comprender la cantidad total a satisfacer, incluido el IVA. Éste también puede aparecer desglosado con indicación del tipo impositivo aplicado.
Cuando el cambio no está motivado por un defecto en el producto, el comerciante solo está obligado a aceptarlo si contempla esta posibilidad en la información y/o publicidad de su establecimiento; si no indica el plazo, éste será de siete días. En caso de no publicitarse nada al respecto, el comerciante se reserva el derecho de aceptar o no el cambio o devolución y de establecer sus condiciones.
Si se entrega un vale por el importe del producto devuelto, el consumidor debe leer atentamente las condiciones que figuran en el mismo (fecha de caducidad, periodos excluidos para su canje, etc.)
Los contratos de crédito deberán constar por escrito y se entregará una copia al consumidor debidamente firmada, en la que figure, además de la identificación de las partes contratantes y sus derechos y obligaciones, descripción detallada del producto:
1. La tasa anual equivalente TAE (coste total del crédito, expresado en un porcentaje anual que se aplicará sobre el importe del crédito concedido).
2. El importe del crédito.
3. Número de cuotas, periodicidad y fechas en las que el consumidor deberá hacer frente a los pagos.
4. Intereses aplicados, gastos de apertura, cancelación, demora en los pagos etc.
5. Penalización por amortización o cancelación anticipada, si los hubiera.
1. En primer lugar, notificar a la entidad bancaria y a las autoridades el robo y las operaciones fraudulentas que se hayan podido realizar con la mayor brevedad posible y siempre de una manera fehaciente (por escrito), aunque se pueda realizar una primera llamada para que anulen la tarjeta.
2. Acudir a la OMIC para reclamar el derecho de los afectados a no tener que abonar ninguna cantidad extraída con posterioridad a la notificación del robo. Por lo que se refiere a los gastos realizados desde el momento de la pérdida o robo hasta la notificación al emisor de la tarjeta, el consumidor pagará hasta un límite de 150 euros.
Durante un año, los defectos de terminación o acabado, como pueden ser fallos en el barnizado de los suelos, colocación defectuosa de revestimientos, etc.
Durante diez años garantiza la vivienda de aquellos defectos que afecten a elementos estructurales que pongan en peligro la resistencia mecánica del edificio, como cimentación, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales.
Para garantizar el cumplimiento de esta responsabilidad, el promotor está obligado a contratar el seguro decenal
El Servicio Universal de Telecomunicaciones garantiza la prestación del servicio telefónico a todos los usuarios, estén donde estén, para:
cualquier inmueble situado en suelo urbano.
cualquier edificación destinada a vivienda habitual del solicitante.
Si la línea no está instalada en un plazo máximo de 60 días naturales, el solicitante tendrá derecho a la compensación de las cuotas por el tiempo que exceda ese plazo. Por ello, si tardan cuatro meses en instalar la línea de teléfono, cuando lo hagan no nos cobrarán la cuota mensual de abono en las dos primeras facturas.
Tendrán prioridad los municipios que no dispongan de una oferta suficiente de teléfonos públicos, los pensionistas o jubilados con renta familiar por debajo del salario mínimo interprofesional y las personas con discapacidad.
La mediación, que existe también en muchos otros ámbitos –laboral, familiar, jurídico-, constituye una forma de solución de conflictos, por medio de la cual son las propias partes las que consiguen poner fin a los mismos mediante un acuerdo adoptado tras una negociación en la que un tercero -el mediador-, intenta aproximar las posiciones o incluso proponer el acuerdo, pero sin que, en ningún caso, la solución al conflicto sea decidida ni impuesta a las partes por el mediador
Desde el 15 de abril de 2.007, el tiempo máximo para completar un cambio sin incidencias será de cinco días hábiles desde que el usuario firma la solicitud.
Los operadores no podrán denegar a un usuario la portabilidad por la existencia de cualquier tipo de deuda o impago. La CMT, de acuerdo con lo establecido en la ley de mejora de la protección de los consumidores, aprobada el 29 de diciembre de 2006, entiende que ésta es una práctica inadecuada. Las compañías no pueden negar a los usuarios un derecho que tienen reconocido, como es el de portarse a otro operador conservando el número, cuando existen otras fórmulas legales para conseguir la recuperación de los saldos pendientes.
La formulación de contratos de telefonía o cambio de operador telefónico, sin consentimiento del titular de la línea.
Si está afectado por este proceso fraudulento, acuda a la Oficina de Consumo para formular una reclamación. Con ella, se requerirá a la compañía el documento firmado por el abonado solicitando el alta o cambio de operadora. De no existir dicho documento, el usuario podrá volver a la compañía en la que estaba o cancelar el contrato no solicitado, según el caso del que se trate.
Cualquier ciudadano que crea que puede ser beneficiario de un seguro de vida podrá acudir a comprobarlo al Registro transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento del asegurado, para lo que tendrá que adjuntar el certificado de defunción del titular, rellenar la correspondiente solicitud -el impreso 790- y pagar una tasa de 3,33 euros en cualquier entidad bancaria.
Los interesados obtendrán respuesta en el acto si acuden en persona a la oficina central del Registro -ubicada en la madrileña Plaza de Benavente- y en un plazo máximo de siete días si solicitan la información por correo.
El impreso 790 se puede encontrar en la oficina del Registro, en cualquiera de las 22 gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, en los 432 registros civiles que existen en España, en el registro general del Ministerio y a través de Internet, en la web www-mjusticia.es, sección Atención al Ciudadano, apartado Trámites personales. Una vez obtenido el certificado donde constarán, en su caso, las aseguradoras con las que el titular tenía contratados los seguros, el interesado podrá acudir a estas compañías para conocer si es beneficiario o no del seguro.
Es un Registro de carácter público en el que deben inscribirse los contratos de seguro de cobertura de vida que se celebren en el Reino de España y en el que pueda conocerse por los posibles interesados, si una persona fallecida tenía contratado un seguro para caso de fallecimiento, así como la entidad aseguradora con la que lo hubiese suscrito.
