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A la vista de las desafortunadas declaraciones realizadas por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, desde el equipo de gobierno de la Diputación de León nos vemos en la obligación de aclarar lo siguiente: 

• Hay que recordar a la sociedad leonesa una vez más que las competencias en la prevención de los incendios forestales son de la Junta de Castilla y León, pese a que, desde el Ejecutivo autonómico, y en especial su consejero de la materia, en funciones, intenten siempre desviar las culpas hacia otras administraciones (y más si no las gobiernan), como ya ocurrió en los incendios del verano del año 2025. La Diputación de León se encarga de la extinción de incendios en las poblaciones, desde 2023, con cuatro parques de bomberos provinciales y con convenios con los parques de León y Ponferrada, para dar cobertura a la totalidad de la provincia, con casi 100 bomberos funcionarios pertenecientes a la plantilla de la Diputación de León. Por cierto, con financiación cero por parte de la Junta de Castilla y León para el funcionamiento de este servicio. Otras comunidades autónomas, incluso gobernadas por el PP, sí lo hacen, pero aquí se ve que no están por la labor.
• La financiación para la compra de maquinaria no es óbice para que las competencias en materia preventiva sigan siendo de la Junta de Castilla y León; al contrario, es lo fácil, poner el dinero sin más, teniendo en cuenta además que esta subvención no supone la contratación del personal necesario para el manejo de esa maquinaria y otros trabajos, ni los gastos corrientes que supone el uso de la misma: combustible, seguros, mantenimiento, etc., por lo que lo único que persigue el Ejecutivo autonómico es derivar a las diputaciones y a los ayuntamientos esta labor de prevención en lugar de organizar, liderar y ejecutar esta actividad necesaria para evitar incendios forestales y proteger los núcleos urbanos y a las personas y sus propiedades.
• La Diputación de León gestiona el Plan Montel, cofinanciado por la Junta de Castilla y León, que asume los costes salariales, mientras que la Diputación asume los costes logísticos y materiales del servicio, para que los ayuntamientos puedan ejecutar esos trabajos de prevención a los que alude el consejero, por supuesto, pero la competencia sigue siendo autonómica. Es su responsabilidad, y los incendios sufridos el verano pasado son consecuencia de su desidia y dejadez. Recordamos que mantener el operativo todo el año era (es), según sus propias palabras, “un despilafarro”.
• De igual modo, lo que se le está reclamando desde el Consejo Comarcal de El Bierzo no es otra cosa que el cumplimiento del Decreto 55/2005, que delega en la comarca las funciones de contratación y la dirección técnica de los proyectos financiados por la Administración Regional en las líneas de repoblación forestal, tratamientos selvícolas, prevención de incendios forestales y adecuaciones recreativas. Y en el cumplimiento de ese decreto no está implicada la Diputación de León, es obligación completa de la Junta de Castilla y León y de su área de Medio Ambiente pero que, al parecer, incumple en este caso su propia reglamentación.
• Desde el equipo de gobierno de la Diputación de León solicitamos al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones que, tanto en su labor de consejero de Medio Ambiente en funciones, como en sus declaraciones actúe con rigor institucional y desde la responsabilidad de tener que gestionar un área de suma importancia para el entorno rural de la provincia de León y deje el sectarismo político para cuando actúe como presidente de la gestora del PP de León.